Como muchas y muchos ya saben en Andalucía conseguimos hace unos meses que nuestro parlamento autonómico admitiera a trámite una iniciativa legislativa popular que tiene como finalidad dar estabilidad a los empleados públicos que lleven muchos años como temporales. No fue fácil porque por increíble que parezca ciertos sindicatos iniciaron campañas para que no se lograra reunir las firmas necesarias. Afortunadamente se consiguió y esperamos que el próximo año tengamos una normativa que mejore la situación de muchos interinos e interinas.
Hace también menos de un año una asociación nacional de interinos y laborales presentó otra iniciativa popular de ámbito estatal que podría beneficiar a miles de interinas e interinos en nuestro país. Como pasó en la vez anterior ciertas plataformas y sindicatos minoritarios vuelven a la carga con el mismo mantra y los mismos argumentos débiles e inconsistentes, para desmovilizar y desanimar al colectivo que podría beneficiarse de un marco regulador que sancione el abuso en la contratación temporal.
Los argumentos que utilizan para desaconsejar la colaboración en la recogida de firmas son bastante endebles, del tipo los promotores no son de fiar o para qué presentar una ILP si muy pocas prosperan en los parlamentos e incluso especulan con terribles consecuencias para los interinos e interinas. Algunos no entendemos cómo nos va a perjudicar un desarrollo legislativo del 61.6 y 61.7 del EBEP que es en esencia lo que persiguen estas iniciativas populares.
Son precisamente esas plataformas las que solo animan a demandar y demandar, pero no advierten de los riesgos de hacerlo en estos momentos y de las consecuencias que conlleva a nivel personal que no te den la razón los tribunales.
Desgraciadamente la realidad actualmente es la que es, por más que una y otra vez se repita que existe una directiva comunitaria que supuestamente persigue en Europa el abuso en la contratación temporal y la discriminación laboral por el simple hecho de tener un contrato de duración determinada. Esa realidad hasta la fecha no es la que cuentan ciertos abogados, la realidad es que en prácticamente la totalidad de las sentencias que se dictan desafortunadamente no reconocen ni el derecho a una indemnización en caso de cese. Evidentemente esto se corregiría si los jueces y magistrados tuvieran en este país una ley que reconociera derechos a las víctimas del abuso en la temporalidad que se da en el sector público y precisamente en esa línea van todas las ILP que se están presentando.
Esta última ILP para la que se están recogiendo firmas ahora puede ser mejorable, nadie dice lo contrario, pero es que no tenemos nada, ni una sola sanción por el abuso o indemnización disuasoria, nada. Aunque entre tantos miles de interinos siempre habrá algunos que no les guste, decirles que siempre hay un trámite parlamentario que podría mejora la redacción inicial dada. También es una forma de que los políticos y la sociedad en general conozca cual es la situación de incertidumbre de muchos trabajadores y trabajadoras del sector público.
Llegado este punto muchos nos preguntamos, ¿qué pretenden realmente esas plataformas? ¿Por qué no promueven medidas o iniciativas populares que sean del agrado de sus dirigentes? ¿Qué intereses les mueve a desanimar a que los afectados participen en estas iniciativas populares? ¿Por qué solo hablan de demandar y demandar o que les ayudemos a pagar sus pleitos con sus administraciones autonómicas?
En fin a ver qué pasa en los próximos meses y a ver qué dice también el TJUE respecto a las conclusiones de las últimas prejudiciales.